En el Siglo XIX Valledupar permaneció aislada por la falta de vías de comunicación. La educación decae; a pesar de algunos esfuerzos que se hacen en el sector privado. Era más fácil enviar a los jóvenes a estudiar fuera del país que a la capital de la República y, en efecto, algunas familias privilegiadas lo lograron. La costumbre era que los hijos varones quienes accedieran a la Universidad, mientras que a las mujeres se les reservaba para las labores hogareñas. Además, el ambiente cultural conservaba las tradiciones rurales al igual que en las demás zonas agropecuarias del país.
Durante la administración de Alfonso López Pumarejo, específicamente en 1936 se fundan el Colegio Nacional Loperena y la Escuela de Artes y Oficios. Años más tarde, antes de la creación del Departamento del Cesar un grupo de ilustres ciudadanos de Valledupar planteó la necesidad de fundar un centro de estudios universitario. Con la fundación del Departamento del Cesar surgen movimientos culturales de diversa índole que aglutinan la idea de crear en la ciudad un centro de educación superior, los primeros intentos se canalizan a través de la Casa de la Cultura y la creación de una Seccional de la Universidad Santo Tomás en Valledupar con programas a nivel intermedio, cuyo intento fracasó por no contar con los recursos económicos necesarios, los cuales debían ser autorizados por la Asamblea Departamental.
En 1971, siendo Gobernador del Departamento, el doctor José Antonio Murgas y por iniciativa del Secretario de Educación Departamental, se invitó al Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, con el fin de escuchar los planteamientos acerca de las ventajas que le traería a esta región la creación de un instituto de carreras intermedias, que interpretara en materia educativa las necesidades de la región tan rica en recursos naturales. Iniciativa que inquieta pero resulta infructuosa, por no lograr el apoyo suficiente de la clase dirigente y empresarial del Departamento.
En 1973, siendo gobernador don Manuel Germán Cuello Gutiérrez nace el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar, ITUCE. El gobernador recoge la idea del diputado a la Asamblea Departamental Jaime Gnecco Hernández, quien presentó la ordenanza para crear un Instituto Politécnico de Carreras Intermedias.
El ITUCE funcionó dos años durante los cuales ofreció los programas de Administración de Empresas, Administración Agropecuaria y Técnicas de la Construcción, pero por decisión del movimiento estudiantil, que se gestó debido a que no había continuidad en los programas de carreras intermedias para continuar una carrera profesional, optaron por cerrarlo, prefiriendo perder dos o tres semestres. Dadas estas circunstancias el movimiento desplegó una campaña para la conversión del ITUCE en una universidad con programas académicos completos.
En 1975 se intentó crear una universidad de carácter privado por iniciativa liderada por Jorge Dangond Daza que aglutinaba dos vertientes algodoneras y ganaderas. Universidad que debería dar cobertura a los bachilleres de la región y los programas que ofrecería deberían estar adaptados a las necesidades y potencialidades de la región como son la agroindustria y la minería. Esta idea se aplazó porque las encuestas y estudios realizados, por un lado, y la aceptabilidad de los estamentos estudiantiles por otro, consideraron que no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.
Otro intento de concretar una iniciativa para abrir un Instituto de Carreras Intermedias de carácter privado, que funcionó durante dos años consecutivos, pero que también fracasó.
El rector del ITUCE, doctor Alonso Fernández Oñate en 1976, encabezó un movimiento cívico para convertir el instituto en universidad. En el movimiento logró aglutinar parlamentarios, profesionales, entidades cívicas y los gobiernos municipal y departamental; el comité organizador del dicho movimiento, encomendó al doctor Jaime Murgas Arzuaga, representante a la cámara, la misión de presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República para crear la Universidad Popular del Cesar. Como efectivamente se dio mediante la Ley 34 del 19 de noviembre de ese año.
La Universidad Popular del Cesar se creó “como establecimiento público autónomo con personería jurídica cuyo objetivo primordial será la investigación y la docencia a través de programas que conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos como el de doctor”.
El artículo 2º de la Ley de creación de la Universidad establece que la naturaleza jurídica, la organización administrativa y la estructura académica o programas de estudio e investigación de las facultades, institutos, escuelas y departamentos de la Universidad Popular del Cesar serán los mismos de la Universidad Nacional de Colombia de conformidad con la Ley 65 de 1963 y demás disposiciones legales excepto su Consejo Superior Universitario.
Es importante destacar que el artículo 4º de la citada de la Ley de creación de la Universidad ordena que ésta para establecer las carreras, los programas e investigaciones que más convengan a las condiciones sociales, naturales, culturales y económicas del departamento, debe buscar la asistencia y colaboración del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Así mismo el artículo 5º también ordena que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, preste asistencia científica y técnica a la Universidad de acuerdo a los convenios recíprocos que permanentemente celebren.
Las asistencias autorizadas por la Ley Orgánica de la Universidad en los artículos 2º, 4º y 5º no han sido efectivas, porque si bien es cierto, en un comienzo se buscó la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia, sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta y no se continuó con el aprovechamiento de dichas asesorías. En cuanto al ICFES su asistencia ha sido poco efectiva y más bien generó malestar por su injerencia en los asuntos internos de la Universidad con desconocimiento de la problemática y cultura regional. En cuanto a la asesoría del ICA, no se encontraron datos disponibles, tal vez debido a que no hay programas afines con la actividad y objeto del Instituto.
La Universidad inició labores el 1º de agosto de 1977 con tres Facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables y Ciencias de la Educación, a las cuales estaban adscritos cuatro programas académicos: Enfermería, Administración de Empresas y Contaduría Pública, y Matemáticas y Física, respectivamente. Se inscribieron para acceder a los programas ofrecidos 173 aspirantes siendo la mayoría para el programa de Contaduría Pública con el 39.3%, para el programa de Administración de Empresas el 25.4%, para Matemáticas y Física el 18.5% y el 16.8% para el programa de Enfermería. Del total sólo 94 fueron admitidos y matriculados, su distribución fue la siguiente: Contaduría Pública 34, Administración de Empresas 23, Matemáticas y Física 16 y Enfermería 21. Esta población estudiantil fue atendida por 13 profesores: 3 de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 9 catedráticos.
No se encuentran evidencias de estudios de factibilidad para la creación de esos programas, lo cual ha generado críticas y polémicas acerca de la pertinencia de los mismos para la satisfacción de las necesidades de la región, debido a que el Departamento y sus zonas de influencia son netamente agropecuarios y mineros; factor que no se tuvo en cuenta en la implementación de los programas.
Dado que estaba vigente el Decreto 80 de 1980, el cual regulaba la Educación Superior en Colombia en todos sus aspectos; la Universidad en el momento del inicio de sus labores, se rigió por dicha legislación. Razón por la cual se elaboraron: el Estatuto Orgánico, el Estatuto Docente, el Estatuto Estudiantil, la Estructura Orgánica, su Manual de Funciones acorde con la legislación vigente y adoptada por el Consejo Superior Universitario, lo cual le permitió desarrollar las funciones sustantivas como docencia, investigación y extensión de la Educación Superior.
El humanismo constitucional, que pone al individuo en el núcleo de la sociedad y al aparato estatal a su servicio, que influyó de manera tan decidida en el nuevo orden jurídico fundado a partir de la Carta del 91, introdujo nuevos parámetros de interpretación y culturización jurídico – política que posibilitan una conveniente asimilación de transformaciones institucionales y un consecuente cambio de la mentalidad frente a los retos y responsabilidades que de allí se desprenden.
En el Artículo 69 de la Constitución Política, el constituyente de 1991, reconoce y garantiza la autonomía universitaria, entendida esta como la legítima capacidad que tienen dichas instituciones para autodeterminarse. En desarrollo de este principio, el legislador expidió la ley 30 de 1992, por la cual organizó el servicio público de la educación superior y estableció el régimen especial que ordenó el Constituyente para las universidades del Estado. La ley 30 expresa el mandato constitucional acerca de la autonomía universitaria en su artículo 28: “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. Los artículos 19 y 20 de la Ley 30 de 1992 establecen el reconocimiento a las Universidades como tales mediante el Ministerio de Educación Nacional, una vez se han cumplido los requisitos que para el efecto se exigen. La Resolución 03272 del 25 de junio de 1993 emanada del Ministerio de Educación Nacional reconoce institucionalmente como Universidad a la Universidad Popular del Cesar. Condición esta, suficiente y necesaria para seguir funcionando como Universidad. No obstante en dicho reconocimiento se hicieron varias recomendaciones, que entre otras fueron: la elaboración de un plan de desarrollo que comprendiera como mínimo un sistema de autoevaluación institucional, un plan de publicaciones para la divulgación de la producción investigativa, un plan de cualificación y actualización docente, formulación y ejecución de un plan de inversiones para los laboratorios, actualización de los recursos bibliográficos y de hemeroteca, redes de información, además del mejoramiento de la planta física, construcción sede única.
Lo anterior dividió el devenir histórico de la universidad en dos: antes y después de la Constitución de 1991. Fue así como la Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997 ratifica la autonomía universitaria y aclara la facultad de autodeterminación. Con base en lo anterior, a partir año 1998 en la Universidad Popular del Cesar se comienzan a implementar nuevas carreras, tales como Licenciatura en Matemáticas e Informática, Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Instrumentación Quirúrgica, Microbiología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Economía, Administración de Comercio Internacional, Derecho y Sociología. Aunque el programa de Ingeniería Agroindustrial fue creado en diciembre de 1994 y comenzó a funcionar en el primer semestre de 1995. En la actualidad la Universidad tiene seis (6) facultades y dieciocho (18) programas.
FUENTE: http://www.unicesar.edu.co
